Desigualdad de género: una realidad en la población dominicana

Por: Nasha Cruz Chevalier/ Estudiantes de Comunicación Social y Medios Digitales

La sociedad dominicana está definida por la presencia de valores de antaño que se encuentran presentes en un mundo modernizado, valores que se demuestran en la cultura patriarcal que impone la dominación del hombre sobre la mujer, a través de los roles de género instruidos por la familia y la comunidad.

En 2019, aproximadamente 50.1%, es decir, 5,183,997 personas eran mujeres, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que quiere decir que probablemente gran parte de los dominicanos ha sufrido alguna forma de discriminación, injusticia, invisibilidad; ha sido víctima del techo de cristal, desigualdad, precariedad y falta de oportunidades a lo largo de su vida.

Educación. En cuanto a educación, el diagnóstico de Desigualdades de Género 2018-2020 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establecía que “en general las mujeres acceden más al sistema educativo que los hombres”. No obstante, esto no se traduce a una menor tasa de pobreza, sino que, las mujeres se enfrentan a menores ingresos laborales, baja participación en espacios de decisión y segregación en carreras universitarias de “poco dinamismo”.

El sociólogo Jerson Del Rosario considera que mientras más se eduque la mujer más se libera, más aumenta su autonomía y crece su empoderamiento a nivel social. “Sin educación la mujer no puede insertarse en el mercado laboral con salarios adecuados”, enfatiza.

Salud. El Informe del BID reporta que revela que la atención prenatal es apta y el parto institucional es prácticamente universal, sin embargo, el país tiene una de las tasas de Mortalidad Materna (MM) más altas de la región, con 92 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos en 2015, lo cual sugiere que la calidad de la atención médica es defectuosa.

Violencia. La violencia de género en República Dominicana, especialmente aquella asociada a la mujer va más allá de cifras y noticias, sino que también “representa una realidad en la percepción de los y las dominicanas”. En el 2020, datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revelaron que el 35% de las mujeres dominicanas entre 15 y 49 años reporta haber sido víctima de violencia por parte de su pareja. Mientras que, entre 2005 y 2015 la Procuraduría General de la República registró 1,078 feminicidios, colocando al país en el segundo lugar tras Perú, con mayor tasa de feminicidios.

Matrimonios forzados y uniones tempranas. A pesar de su escaza visibilidad dentro del país, el matrimonio infantil es una práctica común en República Dominicana. No es un secreto que muchas niñas son “entregadas” a hombres con el falso propósito de que estos “cuidarán de ellas”.

Del Rosario explica que la mejora de esta situación es algo que debe hacerse a nivel de políticas públicas, utilizando mejor la ley que prohíbe el matrimonio infantil y aplicando la pena contra los que se casan con menores de edad y los padres que permiten esto.

Diferencias sociales. En cuanto a ingresos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que los hombres urbanos presentan los mayores ingresos mientras que, las mujeres rurales los más bajos.  Asimismo, a pesar de que las mujeres de zonas urbanas tienen mayores niveles de educación, las brechas de ingresos por género son mayores en las zonas urbanas que en las rurales.

En el 2018 el Banco Central, reportaba que a nivel nacional 6.35% de las mujeres vivía en pobreza extrema, de este el 9.49% representa a las mujeres rurales, comparado al 5.58% de los hombres. También, las mujeres rurales presentaban mayores niveles de desocupación, 30.2%, frente a las urbanas, 22.7%.

Las desigualdades de género lejos de desaparecer se transforman. Para reducir la brecha de género, en primer lugar, según el sociólogo Del Rosario es importante aceptar que existe la brecha y luego, “diseñar y ejecutar políticas de equidad”. El Estado es el encargado de crear políticas públicas y programas enfocados en género; brindar servicios de calidad para mujeres; promover condiciones de trabajo ajustadas a las necesidades de cada sexo y atraer a la población femenina calificada hacia posiciones de liderazgo empresarial, político, social y cultural.